Siete años después del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, la catástrofe aún resuena en tribunales, juntas directivas y órganos de control de la industria aeronáutica. Ahora, un tribunal federal en Chicago ha condenado a Boeing a pagar 49,5 millones de dólares a la familia de una de las 157 víctimas mortales. El veredicto se sitúa entre las indemnizaciones más elevadas concedidas jamás en un único caso de accidente aéreo.
En el centro está Samya Stumo, una joven estadounidense de Sheffield, en el estado de Massachusetts. El 10 de marzo de 2019 viajaba a bordo de la Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines que se estrelló pocos minutos después del despegue en Adís Abeba. Nadie sobrevivió.
El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de la crisis global de la industria aeronáutica.
Pocos meses antes se había estrellado en Indonesia otra aeronave del mismo modelo: el vuelo JT610 de Lion Air. Allí también fallecieron todas las personas a bordo. Las similitudes llamaron pronto la atención de los investigadores. Ambos aviones pertenecían a la entonces nueva gama Boeing 737 MAX, presentada como el futuro tecnológico del tráfico de corto alcance.
En el centro de las investigaciones acabó el sistema MCAS. Este software debía compensar automáticamente ciertas características aerodinámicas de la aeronave. Pero fue precisamente ese sistema el que en ambos casos generó órdenes de control erróneas. Los aviones bajaron repetidamente el morro: los pilotos lucharon en vano contra la tecnología.
Una pesadilla de fallos de sensores, lógica de software y falta de transparencia.
El jurado del United States District Court for the Northern District of Illinois concedió ahora a la familia de Samya Stumo un total de 49,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. El juez presidente fue Jorge L. Alonso. Según la valoración del tribunal, pesó especialmente la acusación de que Boeing no comunicó adecuadamente a las aerolíneas y a los pilotos los riesgos del sistema MCAS.
Ese punto ha acompañado a la compañía durante años como una sombra oscura.
Michael Stumo, el padre de la joven fallecida, se ha convertido en uno de los portavoces de familiares más conocidos en la lucha contra Boeing. En Estados Unidos se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones, reclamando normas de seguridad más estrictas y criticando la cercanía entre los fabricantes de aviones y los organismos reguladores. Su voz adquirió con los años casi un carácter simbólico: mesurada, persistente, incómoda.
Y la presión sobre Boeing sigue en aumento.
Si bien la empresa ya llegó en 2021 a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. por pagos de más de 2.500 millones de dólares, numerosos procesos civiles siguen abiertos. Muchas familias rechazan acuerdos extrajudiciales. No quieren solo dinero, sino un reconocimiento jurídico claro de la responsabilidad.
Las consecuencias van mucho más allá de Boeing.
El choque de las dos aeronaves 737 MAX sacudió la confianza en una industria que durante décadas pareció casi infalible. La inmovilización mundial de los 737 MAX durante casi dos años marcó un punto de inflexión histórico. Organismos reguladores como la FAA estuvieron sometidos a una presión enorme. Sus críticos les reprocharon una certificación demasiado coordinada con los fabricantes.
Desde entonces muchas cosas cambiaron. La formación de pilotos en sistemas automatizados se amplió de forma notable. Los procedimientos de certificación se consideran hoy más estrictos. Al mismo tiempo crece la preocupación de que los aviones modernos dependan cada vez más de software altamente complejo, y de que los pilotos solo dispongan de segundos para detectar fallos técnicos en caso de emergencia.
Se podría decir: entonces la aviación perdió un poco de su inocencia.
Para Boeing no solo está en juego el dinero. Cada nuevo proceso deteriora también la confianza de aerolíneas, inversores y pasajeros. Tras otros incidentes técnicos en los últimos años, el grupo lucha por su credibilidad. En el sector todos lo saben: la confianza sube despacio y se desploma con una rapidez terrible.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas recuerdan de qué se trata realmente. Detrás de cada expediente, cada peritaje y cada veredicto millonario hay personas cuya vida terminó de forma abrupta. Ninguna sentencia del mundo devuelve esa pérdida.
Pero algunas decisiones al menos sirven para lanzar un mensaje.
Por C. Hatty