Una vez más, Francia está frente a una tumba y discute sobre reformas.
Una vez más, los políticos se apresuran con demandas, propuestas, planes de acción y anuncios atractivos. Tribunales disciplinarios para jueces. Más recursos para la justicia. Fortalecer el principio de precaución. Intervenciones tempranas. Mejor vigilancia. Más coordinación entre las autoridades.
Son todas medidas que de repente parecen urgentes.
De repente.
Porque, como tantas veces, la determinación política comienza solo cuando la vida de un niño ya ha sido apagada.
Lyhanna tenía once años.
Once.
Una edad en la que los niños sueñan con las vacaciones, con regalos de cumpleaños, con el verano que se avecina. No una edad en la que un nombre debería convertirse en titular nacional y un rostro aparecer en fotos de velas.
Ahora toda Francia se pregunta cómo pudo pasar esto.
Una pregunta legítima.
Pero igualmente legítima es otra: ¿Por qué siempre se hacen después?
El presunto agresor, al parecer, no era un desconocido. Había indicios. Procedimientos. Reportes. Señales de advertencia. No se necesitaba una bola de cristal ni habilidades psíquicas para prestar al menos una atención más detallada.
Y ahí comienza el verdadero drama.
No en el crimen mismo.
Sino en la asombrosa capacidad de los sistemas estatales para reconocer los riesgos solo cuando ya se han convertido en realidad.
Ahora Francia debate sobre el principio de precaución. Una palabra bonita. Casi poética.
Precaución.
Como si el Estado acabara de descubrir que la prevención es más económica, humana y, sobre todo, eficaz que la indignación tardía.
La clase política parece estos días un cuerpo de bomberos que llega a una casa quemada y luego discute apasionadamente sobre la adquisición de nuevas mangueras.
Por supuesto que la justicia necesita más recursos.
Por supuesto que las autoridades deben colaborar mejor.
Por supuesto que las señales de advertencia no deben quedar olvidadas en archivadores.
Pero todas estas verdades ya eran ciertas antes de que desapareciera Lyhanna.
Ahí radica la amargura de este caso.
Nadie necesitaba esperar esta tragedia para reconocer los problemas.
Sin embargo, se hizo.
Ahora los políticos compiten en determinación. Cada propuesta suena un poco más dura que la anterior. Cada demanda un poco más resuelta. Cada rueda de prensa, algo más dramática.
Casi se podría creer que la República está a punto de una revolución en la política de protección infantil.
Casi.
Porque Francia ya tiene leyes. Ya tiene procedimientos. Ya tiene sistemas de reporte. Ya tiene instituciones.
Lo que a menudo falta no es la próxima reforma.
Es la consecuencia.
Es la atención.
Es la voluntad de actuar de manera incómoda ante las primeras señales de advertencia en lugar de aparentar sorpresa después.
La verdad es incómoda.
Un Estado no demuestra su fortaleza por la cantidad de comunicados tras una tragedia. La demuestra por la cantidad de tragedias que nunca ocurren.
Pero la prevención tiene una gran desventaja: no produce titulares.
Nadie habla del niño que nunca fue víctima.
Nadie guarda un minuto de silencio por una catástrofe evitada.
Nadie gana puntos políticos con un drama que nunca ocurrió.
Así, la vida pública a menudo sigue un patrón triste: primero el fracaso. Luego la indignación. Luego promesas de reforma. Luego el olvido.
Hasta el próximo nombre.
Hasta el próximo niño.
Hasta la próxima conmoción nacional.
Lyhanna no necesitaba un debate.
Ni una comisión de investigación.
Ni competencias políticas por la demanda más dura.
Ella necesitaba algo mucho más simple: que las advertencias se tomaran en serio a tiempo.
Se escucha a menudo hoy la frase: “Nunca es demasiado tarde para tomar consecuencias.”
Suena consolador.
Pero solo para quienes aún están vivos.
Para Lyhanna, cualquier consecuencia llegó demasiado tarde.
Y precisamente por eso, Francia debería cuestionarse menos qué reforma se anuncia ahora.
Sino por qué tantos responsables solo quieren actuar cuando ya no hay nada que salvar.
Por C. Hatty