Los derechos de los trabajadores son a menudo considerados logros consolidados en las democracias occidentales. Los sindicatos están institucionalmente arraigados, la negociación colectiva es parte del día a día económico y el derecho a huelga se ve como un componente natural de la economía social de mercado. Sin embargo, esta impresión es engañosa. El último índice sindical global del Sindicato Internacional (CSI) muestra otra realidad: los derechos laborales están siendo presionados en todo el mundo, incluso en lugares donde se creían asegurados durante mucho tiempo.
El diagnóstico del CSI es notablemente agudo. La organización no habla de retrocesos aislados o fallos regionales, sino de una «crisis sistémica». Esto se refiere a un desarrollo que va mucho más allá de cuestiones laborales. Porque donde los empleados pierden el derecho a organizarse, negociar colectivamente o ir a la huelga, también cambia el equilibrio de poder dentro de una sociedad.
La erosión gradual de las libertades sociales
Las cifras son alarmantes. Para 2025, el 87 por ciento de los países estudiados violarán el derecho a huelga. En cuatro de cada cinco países se ha restringido la negociación colectiva. Casi tres cuartas partes de los estados dificultaron el acceso de los trabajadores a la justicia. Lo que al principio puede parecer un debate técnico sobre derecho laboral, en realidad toca principios centrales del orden democrático.
El derecho laboral moderno surgió históricamente como un correctivo frente a la concentración de poder económico. Normalmente, los trabajadores tienen una posición negociadora más débil frente a las empresas. Los sindicatos y los convenios colectivos intentan equilibrar esta desigualdad. Cuando se debilitan estos instrumentos, la relación de fuerzas se inclina a favor de los empleadores y las autoridades estatales.
Generalmente, esta erosión no se realiza de forma abierta. Frecuentemente, se dificultan las posibilidades de huelga mediante requisitos administrativos, se restringen las manifestaciones o se clasifica a cada vez más grupos profesionales como «esenciales», haciendo prácticamente imposible la interrupción laboral. La intervención parece entonces técnica y pragmática, pero su efecto político es el mismo.
La incómoda realidad de Europa
Es especialmente notable que el CSI no limite sus críticas a estados autoritarios. Aunque bajo los peores países del mundo siguen encontrándose regímenes como Bielorrusia, Myanmar o Egipto, Europa, tradicionalmente considerada un bastión de derechos sociales, también registra un deterioro continuo según el índice.
Este desarrollo puede sorprender a primera vista. Los estados de bienestar europeos cuentan con instituciones laborales fuertes, altos grados de sindicalización y sistemas establecidos de asociación social. Sin embargo, los sindicatos observan una progresiva restricción de los derechos a huelga y una actitud más dura de las autoridades hacia los conflictos laborales.
Francia es un ejemplo claro de este conflicto. El país tiene una larga tradición de movilización social, desde los movimientos obreros del siglo XIX hasta las protestas masivas contra la reforma de las pensiones en años recientes. Por eso llama la atención que las autoridades recurran cada vez más a mecanismos que eran excepcionales anteriormente. Obligaciones forzosas para determinados grupos laborales o una definición ampliada de servicios esenciales modifican gradualmente las condiciones para la protesta colectiva.
La cuestión no es si un estado puede proteger las infraestructuras críticas. Por supuesto, debe garantizarse el suministro a la población. Lo decisivo es si las excepciones pasan a ser regla. Donde esto ocurre, el derecho a huelga pierde su carácter de herramienta eficaz de presión y se convierte en un derecho simbólico sin capacidad práctica de ejecución.
Los sindicatos como instituciones democráticas
La importancia política de este desarrollo a menudo se subestima. Los sindicatos no son solo representantes de los intereses laborales. Son unas de las instancias más importantes de mediación en las democracias modernas.
El politólogo Robert Dahl calificó a las organizaciones pluralistas como componentes imprescindibles de los sistemas democráticos. Generan contrapoder, reúnen intereses sociales y evitan la concentración de la autoridad política o económica. Los sindicatos cumplen precisamente esta función.
Históricamente, los regímenes autoritarios casi siempre han considerado las representaciones laborales independientes como una amenaza. Desde el fascismo en Europa, pasando por dictaduras militares en América Latina, hasta las autocracias actuales en Asia o África: la eliminación de sindicatos libres suele ser uno de los primeros pasos en la consolidación del poder político.
La conexión es comprensible. Quienes se organizan en el lugar de trabajo aprenden acción colectiva, articulación política y resistencia institucional. Así, los sindicatos producen un capital social que va mucho más allá de las cuestiones salariales.
El nuevo desafío del poder en la globalización
Al mismo tiempo, la globalización económica cambia las condiciones para la influencia sindical. Las plataformas digitales, las cadenas internacionales de suministro y las empresas transnacionales dificultan las formas tradicionales de organización colectiva.
Mientras que el capital hoy es casi ilimitadamente móvil, los derechos laborales siguen estando organizados mayoritariamente a nivel nacional. Las empresas pueden cambiar sus plantas de producción o ofrecer servicios a través de fronteras. Los trabajadores tienen muchas menos opciones para adaptarse. Esto genera presión sobre los gobiernos para flexibilizar los estándares laborales en la competencia internacional.
Además, hay un desplazamiento estructural en las relaciones de poder. En muchas economías, la rentabilidad del capital ha crecido en las últimas décadas más que los salarios. Al mismo tiempo, en numerosos países el grado de sindicalización está disminuyendo. Este desarrollo no implica necesariamente un deterioro en los niveles de vida, pero sí un cambio en el poder negociador.
Precisamente aquí reside la advertencia del CSI. La organización ve una relación entre la creciente concentración económica y el debilitamiento de los derechos colectivos de los trabajadores. Se comparta o no esta evaluación, la cuestión sobre el equilibrio entre eficiencia económica y participación social sigue siendo central.
Las democracias no se miden solamente por elecciones libres o tribunales independientes. Igualmente decisiva es la capacidad de los ciudadanos para articular intereses y equilibrar poderes. Por ello, el derecho a huelga, la autonomía de la negociación colectiva y la libertad sindical son más que instrumentos laborales. Son parte de esa infraestructura democrática que procesa los conflictos sociales de forma pacífica e institucional.
Cuando esta infraestructura se erosiona, suele ser un proceso gradual. Ninguna democracia se tambalea por restringir una huelga en particular. Pero la continua erosión de los derechos colectivos altera a largo plazo la cultura política. El trabajador pierde influencia, la sociedad civil pierde margen de maniobra y el poder económico se vuelve más difícil de controlar.
El índice sindical global recuerda que los derechos sociales no son una evidencia histórica. Deben defenderse, fundamentarse y adaptarse continuamente a las nuevas realidades económicas. Donde esto no sucede, no solo está en juego la posición de los trabajadores, sino la resiliencia misma de las sociedades democráticas.
Autor: Andreas M. Brucker