Las democracias viven de una promesa fundamental: el poder político nace de elecciones libres, pero su ejercicio queda sujeto al derecho y a la constitución. Este equilibrio entre soberanía popular y Estado de derecho fue durante mucho tiempo una obviedad en las democracias occidentales. Hoy está cada vez más bajo presión. No porque los tribunales amplíen sus competencias, sino porque los actores políticos interpretan cada vez con más frecuencia sus decisiones como un ataque a la voluntad popular.
Los debates sobre Marine Le Pen en Francia o Nigel Farage en el Reino Unido muestran cómo se ha establecido una narrativa peligrosa: aquí el pueblo, allí los jueces. Aquí la legitimación democrática, allí la supuesta justicia política. Esta confrontación tiene una gran carga explosiva, precisamente porque a primera vista parece plausible.
La cuestión no es en absoluto nueva. Ya los precursores de la democracia liberal sabían que las mayorías por sí solas no garantizan la libertad. La democracia no consiste exclusivamente en que la mayoría decida. Consiste también en que el poder esté limitado. Por eso los tribunales independientes no forman parte del modelo opuesto a la democracia, sino de sus pilares.
Precisamente este principio está cada vez más en entredicho.
La voluntad popular como arma política
Los movimientos populistas entienden la democracia ante todo como la expresión inmediata de la voluntad de la mayoría. Quien gana elecciones o puede recurrir a un referéndum suele reivindicar de ello una legitimación casi ilimitada para actuar políticamente. Las instituciones que ponen límites a esa pretensión parecen pronto un obstáculo.
Marine Le Pen utiliza este argumento desde hace años. Las investigaciones penales contra su partido o contra ella personalmente no las presenta como un ejercicio de control del estado de derecho, sino como un intento del establishment político de eliminar a una líder opositora incómoda. Que estas acusaciones estén justificadas o no suele desempeñar un papel secundario respecto a su efecto político. Lo decisivo es la propia narrativa: no es la justicia la que defiende la ley, sino el sistema el que se defiende contra la voluntad del pueblo.
Un desarrollo similar se dio en el Reino Unido durante el Brexit. Nigel Farage no fue objeto de procedimientos judiciales comparables, pero la confrontación con los tribunales británicos mostró la misma lógica. Cuando el Supreme Court decidió que el Parlamento debía participar en la activación del procedimiento de salida, partes del movimiento del Brexit interpretaron eso como un sabotaje del referéndum. De repente los jueces ya no aparecían como guardianes neutrales de la constitución, sino como oponentes de un mandato democrático.
Así surgió una narrativa que hoy puede encontrarse en muchas democracias occidentales: quien frena la voluntad popular es declarado enemigo político.
El Estado de derecho no se guía por los resultados electorales
Los tribunales, sin embargo, poseen otra legitimación que los parlamentos. No se eligen, porque su tarea consiste precisamente en aplicar el derecho independientemente de los ciclos electorales y de las mayorías políticas.
Un Estado constitucional funciona solo porque todo poder estatal es controlado. Los parlamentos controlan a los gobiernos. Los gobiernos están sujetos a la responsabilidad parlamentaria. A su vez, los tribunales examinan si las leyes y la acción estatal son compatibles con la constitución y con el derecho vigente. Este sistema de límites recíprocos no es un voto de desconfianza contra el pueblo, sino un mecanismo de protección contra el abuso del poder.
Precisamente los partidos populistas suelen argumentar con legitimidad democrática cuando los tribunales restringen su margen de actuación política. Se pasa por alto que incluso mayorías elegidas democráticamente pueden actuar ilícitamente. La historia y la actualidad ofrecen numerosos ejemplos. La democracia liberal se diferencia precisamente de una mera democracia de mayorías en que protege los derechos individuales y los procedimientos del Estado de derecho incluso frente a mayorías momentáneas.
Quien por ello difama de forma general a los jueces como actores políticos, cuestiona en última instancia el núcleo del Estado constitucional.
La justicia también vive de la confianza
Sin embargo, eso no significa que los tribunales estén por encima de toda crítica. Los jueces toman decisiones con consecuencias políticas de gran alcance. Por eso dependen de la aceptación pública.
En muchos países europeos no solo se resiente la confianza en la política, sino también la de las instituciones estatales en su conjunto. Los procedimientos complejos, los procesos largos o las sentencias de difícil comprensión fomentan la impresión de una judicatura alejada. Donde falta transparencia, surgen desconfianza y teorías conspirativas.
Además, las decisiones judiciales en procedimientos cargados políticamente son inevitablemente interpretadas en clave partidista. Incluso sentencias fundadas jurídicamente se ven así sometidas a presión de legitimidad. La justicia no puede sustraerse completamente a este campo de tensión.
Precisamente por eso se requiere moderación en ambas partes: los jueces no deben concebirse como actores políticos. Y los políticos, a su vez, deberían evitar desacreditar mecánicamente las decisiones del Estado de derecho como ataques partidistas.
Las democracias europeas afrontan una prueba de fuego
El verdadero desafío va mucho más allá de procedimientos aislados contra políticos prominentes. Afecta a la autocomprensión de las democracias liberales.
Si todo control judicial se presenta como un ataque a la voluntad popular, las instituciones del Estado de derecho van perdiendo su autoridad de forma gradual. Si, por el contrario, los tribunales dan la impresión de querer decidir por sí mismos los conflictos políticos, pierden su aceptación social. Ambas evoluciones ponen en peligro el mismo consenso democrático fundamental.
Europa vive actualmente una fase de creciente polarización. Los partidos en los extremos del espectro ganan apoyo, los partidos tradicionales de masas pierden arraigo, y las redes sociales aceleran la deslegitimación de las instituciones estatales. En este clima, cualquier conflicto entre política y justicia se convierte en el símbolo de una disputa sistémica mayor.
La tentación de ofrecer respuestas sencillas es grande: o decide el pueblo o los jueces. En realidad, la estabilidad de las democracias liberales radica precisamente en que ninguna institución tiene sola la última palabra. Las elecciones confieren poder. El derecho lo limita. Ambas cosas juntas conforman el Estado constitucional liberal.
Quien rompa este equilibrio en favor de una supuesta soberanía popular inmediata pone en riesgo, a largo plazo, precisamente aquello que dice defender: el propio orden democrático.
Andreas M. Brucker