El gobierno francés se prepara para una nueva fase de estricta disciplina presupuestaria. El desencadenante no es solo la debilidad estructural de las finanzas públicas, sino cada vez más el impacto económico del shock causado por la guerra en Oriente Medio. En París crecen las preocupaciones de que el aumento de los precios de la energía, mayores costes de financiación y una economía más débil puedan desestabilizar aún más unas finanzas públicas ya tensionadas. Según información de círculos gubernamentales, podrían ser necesarios hasta seis mil millones de euros en recortes adicionales para alcanzar el objetivo de déficit para 2026.
Así, una crisis geopolítica se convierte cada vez más en una prueba de resistencia interna para Francia, con posibles consecuencias de gran alcance para el crecimiento, el estado de bienestar y la estabilidad política.
El regreso del miedo a la energía
El gobierno francés había estructurado inicialmente su planificación presupuestaria con la expectativa de unos precios moderados de la energía y una estabilización económica progresiva. Sin embargo, la escalada en Oriente Medio altera estas premisas fundamentalmente. En los mercados internacionales, los precios del petróleo y del gas reaccionan de forma sensible a cualquier ampliación del conflicto. Para Francia eso supone costes de importación más elevados, precios de producción superiores y una renovada presión inflacionaria.
Aunque Francia cuenta con una gran proporción de energía nuclear en comparación con otros países europeos, la economía nacional sigue siendo dependiente de los precios globales de la energía, sobre todo en los sectores del transporte, la industria y la agricultura. Incluso incrementos menores en los precios tienen un impacto directo en los precios al consumidor y los márgenes empresariales.
Además, existe un factor psicológico: las empresas invierten con mayor cautela, los consumidores reducen sus gastos y los bancos revisan sus riesgos. Esta combinación de incertidumbre y costes crecientes puede frenar aún más un crecimiento económico que ya es débil.
Por ello, el Ministerio de Finanzas francés teme un efecto clásico de estanflación: bajas tasas de crecimiento acompañadas por una carga elevada de precios. Para un estado con gastos crónicamente altos y un presupuesto ya muy tensionado, esto supone un escenario particularmente peligroso.
La carga de la deuda se convierte en el problema central
No obstante, lo que más preocupa al gobierno actualmente no es tanto la cuestión energética, sino los costos crecientes para financiar el Estado. Francia es uno de los países más endeudados de la eurozona, con una deuda pública que supera claramente el 110% del producto interior bruto.
Durante años, París pudo beneficiarse de una política de tipos bajos por parte del Banco Central Europeo. Esa fase ha terminado. Desde el giro en la política monetaria del BCE, los rendimientos de los bonos del Estado francés han aumentado de manera significativa. Cada nueva crisis geopolítica aumenta aún más la nerviosidad en los mercados financieros.
Según cálculos del entorno del Ministerio de Finanzas, solo el incremento en los costes de intereses podría suponer una carga adicional de aproximadamente 3,6 mil millones de euros para el presupuesto del Estado francés. Por tanto, el servicio de la deuda se está convirtiendo cada vez más en uno de los mayores gastos individuales del presupuesto.
El gobierno del primer ministro Lecornu se enfrenta así a un dilema doble: por un lado, Bruselas exige reducciones creíbles del déficit; por otro, una política de austeridad demasiado estricta agravaría aún más la frágil coyuntura económica.
Lecornu entre los mercados financieros y la calle
Políticamente la situación es delicada. Francia lleva años en una fase de tensiones sociales y fiscales. La reforma de las pensiones, los movimientos de protesta recurrentes y la alta inflación han erosionado la confianza de muchos ciudadanos en la capacidad del Estado para gestionar la política económica.
Ahora, Lecornu intenta un acto de equilibrio. El gobierno quiere mantener el objetivo de déficit del cinco por ciento del PIB, pero al mismo tiempo evitar nuevas explosiones sociales. Ahí radica la dificultad política: las medidas de ahorro por miles de millones apenas pueden implementarse sin afectar directamente a los ciudadanos.
Entre las propuestas que se debaten están la congelación de los presupuestos ministeriales, posponer programas de inversión y recortes en créditos y subvenciones estatales. También están bajo vigilancia los ámbitos sanitario y social. Oficialmente, el gobierno asegura querer proteger a asegurados y beneficiarios de prestaciones sociales tanto como sea posible, pero en la práctica los recortes en estos sectores serán políticamente difíciles de evitar por completo.
Especialmente problemático es el carácter estructuralmente rígido del presupuesto francés. Gran parte del gasto está comprometido a largo plazo, por ejemplo en pensiones, transferencias sociales o gastos de personal del sector público. Por ello, el margen real para recortes a corto plazo es limitado.
La oposición advierte sobre una “política recesiva”
La oposición política responde con dureza. Partidos de izquierda y sindicatos acusan al gobierno de usar la crisis geopolítica como excusa para una política de austeridad neoliberal. Éric Coquerel, presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, habló de una “política recesiva” que debilitará aún más el crecimiento y el poder adquisitivo.
De hecho, el debate actual recuerda fases anteriores de austeridad en Europa tras la crisis financiera y del euro. Entonces ya se demostró que las medidas de austeridad abruptas pueden estabilizar los déficits a corto plazo, pero al mismo tiempo afectan negativamente a la demanda, la inversión y el empleo.
Francia se diferencia sin embargo de los países del sur de Europa durante la crisis del euro en un punto crucial: sigue contando con una base industrial importante, elevados patrimonios privados y estructuras institucionales relativamente estables. A pesar de su elevada deuda, París no es considerado todavía un caso de riesgo inminente en los mercados financieros.
Pero precisamente esa confianza es la que el gobierno intenta ahora defender. Perder el control de las finanzas públicas podría aumentar aún más los costes de refinanciación y desencadenar un círculo vicioso peligroso.
La segunda economía más grande de Europa bajo presión
Los desarrollos en Francia también se siguen atentamente en Bruselas. Como la segunda economía más grande de la eurozona, el país tiene un peso considerable para la estabilidad de toda la unión monetaria europea.
Si Francia no cumple de manera sostenible sus objetivos de déficit, podría intensificarse el debate europeo sobre las reglas fiscales. Ya hoy las agencias de rating observan con creciente escepticismo la evolución de la deuda francesa.
Al mismo tiempo, el caso francés ejemplifica cómo los conflictos geopolíticos afectan cada vez más a los presupuestos nacionales. La guerra en Oriente Medio influye no solo en la política exterior y de seguridad, sino también en la inflación, el suministro energético, la política de tipos y la estabilidad social dentro de Europa.
Para el presidente Emmanuel Macron, esta evolución llega en un momento sumamente complicado. Su gobierno lleva años tratando de modernizar la economía francesa y al mismo tiempo preservar el estado de bienestar. Los nuevos riesgos presupuestarios complicarán considerablemente este difícil equilibrio.
Está claro: el margen financiero del Estado francés se estrecha. Y cuanto más dure la crisis en Oriente Medio, mayor será la presión sobre París para decidir entre credibilidad fiscal y paz social. Esa es la verdadera carga política del debate actual.
P.T.