París – 02.06.2026: Tras décadas de debates sobre el escándalo del Clordecona, el Parlamento francés aprobó el 2 de junio de 2026 un importante proyecto de ley que reconoce oficialmente por primera vez la responsabilidad del Estado por los daños causados por el uso del pesticida. Con 236 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el proyecto que establece la compensación a las víctimas como un objetivo declarado.
El Clordecona, un insecticida utilizado desde los años setenta, se empleó intensamente en las plantaciones de banano de Guadalupe y Martinica hasta su prohibición en 1993. A pesar de los riesgos para la salud ya conocidos, el Estado no impidió su uso, lo que causó graves daños medioambientales y sanitarios. Según estimaciones actuales, más del 90 por ciento de la población adulta en las islas está contaminada con Clordecona.
La iniciativa proviene del diputado socialista Elie Califer, de Guadalupe, quien presentó el proyecto en el Parlamento. La ley incluye un reconocimiento de las consecuencias sanitarias, ecológicas, morales y económicas para las comunidades afectadas y reclama la responsabilidad estatal por los daños.
Diversas organizaciones de víctimas y representantes políticos de los territorios de ultramar celebraron la decisión, pero criticaron la falta de concreción en los pagos de compensación. Olivier Serva, diputado del partido Liot de Guadalupe, calificó los 350 euros previstos como “casi un insulto” y pidió un debate más profundo sobre compensaciones adecuadas y apoyos para las víctimas.
Ya en marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de París confirmó mediante una sentencia la responsabilidad estatal. Según esta, las víctimas que puedan demostrar un daño moral —especialmente ante miedo o sufrimiento comprobado— deben ser compensadas. El Gobierno reconoció esta decisión, pero señaló que, en particular, quienes no tuvieron contacto profesional con el Clordecona aún no tienen derecho a compensación, aunque se continúa buscando efectuar estos pagos.
El proyecto de ley aprobado ahora representa un hito importante en la revisión jurídica y política del escándalo, al definir claramente la responsabilidad del Estado y declarar la compensación de las víctimas como un objetivo político. No obstante, sigue sin resolverse qué medidas financieras y sociales concretas se adoptarán. La implementación y definición de las compensaciones serán en los próximos meses un desafío significativo para el Gobierno y el Parlamento.
Los impactos del Clordecona van mucho más allá de las consecuencias para la salud. Afectan también el desarrollo económico, la restauración ambiental y la confianza de la población en las instituciones públicas. Expertos exigen programas integrales de apoyo a los afectados y medidas sostenibles para evitar futuras catástrofes ambientales similares.
Fuentes
- Sud Radio
- Paris Times
- Outre-Mer Gouv