Francia endurece su postura contra presuntas operaciones de influencia rusas. El Ministerio del Interior ha emitido una orden de expulsión contra Xenia Fedorova, la exdirectora del canal ya prohibido RT France. Las autoridades acusan a la periodista rusa de introducir deliberadamente narrativas del Kremlin en el panorama mediático francés y de poner así en peligro el orden público y los intereses fundamentales del Estado.
Fedorova aún no ha sido deportada. Tras la notificación de la orden, se encuentra bajo arresto domiciliario y debe presentarse diariamente en una comisaría. Su abogado, Emmanuel Piwnica, anunció que recurrirá de inmediato la decisión. Conforme al derecho administrativo francés, previsiblemente un tribunal examinará ahora si se cumplen realmente las condiciones para una expulsión.
Acusación de influencia coordinada
Según el Ministerio del Interior, el caso va mucho más allá de una actividad periodística controvertida. En la orden de expulsión, Fedorova es descrita como una intermediaria de campañas rusas de desinformación. Al difundir las correspondientes narrativas, contribuiría a influir en la opinión pública y a socavar la confianza de los cinos franceses y europeos en sus instituciones. Por ello, su presencia constituye una “amenaza particularmente grave y actual para el orden público”.
El Gobierno francés sitúa el caso en un contexto más amplio de política de seguridad. Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, Francia y otros Estados europeos han endurecido considerablemente sus medidas contra las operaciones de influencia extranjera. Junto con los ciberataques, el espionaje y el sabotaje, las campañas de desinformación y el uso de medios controlados por el Estado ocupan cada vez más el foco de las autoridades de seguridad.
Del medio estatal RT France a CNews
Fedorova estuvo encargada desde 2017 de la creación y dirección de RT France. La filial francesa del canal financiado por el Estado ruso perdió sus posibilidades de distribución dentro de la Unión Europea poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en marzo de 2022. Bruselas justificó la prohibición alegando que los medios estatales rusos formaban parte de una estrategia informativa coordinada del Kremlin y difundían propaganda en apoyo de la guerra de agresión.
Tras el cierre definitivo de RT France en 2023, Fedorova permaneció en Francia. Fundó una empresa de asesoría y se consolidó rápidamente como comentarista en varios medios del empresario Vincent Bolloré. Desde entonces, aparece regularmente en CNews y Europe 1, escribe para JDNews y presenta programas sobre la Iglesia ortodoxa.
Sus análisis sobre la guerra de Ucrania se orientan con frecuencia por la argumentación oficial rusa. Sus críticos le reprochan relativizar la responsabilidad de Moscú por la guerra de agresión, responsabilizar a los Estados occidentales de la duración del conflicto y fomentar dudas sobre las instituciones europeas. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya la había calificado públicamente semanas antes de la orden de expulsión como una “propagandista declarada” que actúa como portavoz de la desinformación del Kremlin.
Equilibrio jurídico entre libertad de expresión y protección del Estado
Ahora es probable que el caso ocupe a los tribunales administrativos. El abogado de Fedorova sostiene que su clienta es periodista y ha ejercido su actividad profesional dentro del marco de las leyes vigentes. Una expulsión basada únicamente en opiniones políticas o posturas editoriales difícilmente sería compatible con los derechos fundamentales.
Por tanto, el Gobierno debe demostrar que no se trata simplemente de expresiones de opinión incisivas o controvertidas, sino de una contribución activa a una operación de influencia extranjera que produce efectos concretos sobre la seguridad nacional o el orden público. Esta distinción se considera jurídicamente compleja y probablemente constituirá el núcleo del procedimiento que se avecina.
También entran en juego las normas jurídicas europeas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos protege tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa. Al mismo tiempo, reconoce que estos derechos pueden restringirse bajo determinadas condiciones cuando la seguridad nacional o el orden público están gravemente amenazados. Por ello, los tribunales deberán realizar una cuidadosa ponderación entre los derechos individuales de libertad y los intereses de seguridad del Estado.
Controversia sobre el permiso de residencia
El caso adquirió una relevancia política adicional por el hecho de que Fedorova había recibido recién en 2024 una tarjeta francesa de residencia válida por diez años. El permiso se expidió en el marco de un procedimiento administrativo ordinario y provocó importantes debates tras conocerse su existencia.
Políticos de la oposición plantearon la pregunta de por qué una exdirectora de un canal estatal ruso ya prohibido pudo obtener un permiso de residencia de larga duración. Varios ministerios se vieron posteriormente obligados a explicar que la decisión se había tomado a nivel administrativo y que no había existido influencia política. El asunto dio lugar a un intenso debate sobre la revisión de permisos de residencia de personas acusadas de tener vínculos con redes de influencia extranjeras.
Los medios de Bolloré hablan de un ataque contra la libertad de prensa
Los grupos mediáticos Canal+ y Lagardère respaldaron de forma manifiesta a su colaboradora. En una declaración conjunta, expresaron estar “conmocionados” por la orden de expulsión y aseguraron a Fedorova todo su apoyo.
Según las empresas, el intento de excluir del debate público a una periodista por sus posiciones políticas constituye una grave injerencia en la libertad de expresión y de prensa. Precisamente en una sociedad democrática debe haber también espacio para opiniones incómodas o controvertidas.
Sus críticos replican que la protección de la libertad de prensa puede encontrar límites cuando los medios se convierten deliberadamente en parte de campañas de influencia dirigidas por el Estado. Precisamente esta cuestión probablemente adquirirá ahora importancia política más allá del caso concreto.
La orden de expulsión marca así un punto de inflexión en la forma en que Francia aborda la presunta influencia extranjera. Por primera vez, una medida de tan amplio alcance se dirige contra una comentarista consolidada en los medios franceses, a quien el Gobierno acusa de actuar en interés de un Estado extranjero. Queda abierto si esta acusación se sostendrá ante los tribunales. Con independencia del resultado del procedimiento, el caso probablemente seguirá marcando durante mucho tiempo el debate sobre los límites entre la libertad de prensa, la seguridad nacional y la protección de las instituciones democráticas.
Andreas M. Brucker