La decisión de la justicia francesa de abrir una investigación judicial sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi es mucho más que un trámite jurídico. Ocho años después del asesinato del crítico del régimen en el consulado saudí en Estambul, uno de los casos penales políticos más trascendentes de los últimos tiempos adquiere nueva dinámica, esta vez en Europa. Que ahora un juez de instrucción en París deba examinar posibles responsabilidades hasta los niveles más altos del aparato de poder saudí dota al caso de una nueva dimensión política y diplomática.
El paso se produce en un momento en que Arabia Saudita parece estar siendo rehabilitada a nivel internacional. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, durante mucho tiempo aislado por el caso Khashoggi, vuelve a ser tratado como un actor geopolítico central, ya sea en el contexto de la política energética, de cuestiones de seguridad regional o de proyectos de inversión multimillonarios. Precisamente por eso, la decisión francesa tiene un notable valor simbólico.
Un asesinato que conmocionó al mundo
Jamal Khashoggi había sido durante años un insider leal del establishment saudí. Fue solo con el ascenso de Mohammed bin Salman cuando el periodista se convirtió cada vez más en un crítico de un sistema que se volvía más autoritario. En columnas para el Washington Post advirtió sobre la represión contra disidentes, la eliminación de centros de poder internos y la concentración del control político en el entorno del príncipe heredero.
El 2 de octubre de 2018, Khashoggi entró en el consulado saudí en Estambul para recoger documentos para su próxima boda. Nunca volvió a salir del edificio. Investigadores turcos concluyeron posteriormente que un comando enviado desde Arabia Saudita había asesinado al periodista en el consulado, lo había descuartizado y hecho desaparecer su cuerpo. Hasta hoy no se ha encontrado el cadáver.
La brutalidad del crimen provocó indignación mundial. Especialmente delicada fue la cuestión de la responsabilidad política. Ya en 2021, los servicios de inteligencia estadounidenses llegaron a la conclusión de que la operación había sido “aprobada” en los más altos niveles. Riad siempre negó la participación directa del príncipe heredero, aunque admitió que agentes saudíes habían sido responsables.
El papel de la justicia francesa
El paso actual en Francia responde a varias denuncias penales que organizaciones de derechos humanos presentaron desde 2022. Entre ellas se encuentran, entre otras, Reporters sans frontières (RSF), Trial International y Democracy for the Arab World Now —la organización que Khashoggi cofundó poco antes de su muerte.
Los demandantes se basan en el principio de jurisdicción universal. Este permite a los tribunales nacionales, bajo ciertas condiciones, perseguir delitos internacionales graves independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de los implicados. En Francia, esto afecta particularmente a delitos como la tortura, las desapariciones forzadas o los crímenes de lesa humanidad.
Resulta especialmente notable el razonamiento jurídico de los magistrados de la apelación en París. Estos declararon que no se podía excluir que el asesinato fuera parte de una política sistemática de represión contra opositores saudíes. Con ello se abre teóricamente la puerta a calificarlo como crimen de lesa humanidad, un paso con importante alcance político.
La difícil cuestión de la inmunidad
No está claro, sin embargo, si alguna vez llegará a celebrarse un juicio. Los obstáculos jurídicos son enormes. Central es la cuestión de la inmunidad de altos cargos del Estado. Mohammed bin Salman es, de facto, el hombre más poderoso de Arabia Saudita y, en la práctica, el jefe de gobierno del reino. Los tribunales internacionales y los sistemas judiciales nacionales suelen tener grandes dificultades para procesar penalmente a dirigentes en activo.
Ya en 2022, el gobierno estadounidense declaró que Mohammed bin Salman gozaba de inmunidad frente a los tribunales de EE. UU. Esa decisión suscitó entonces críticas internacionales, porque el presidente Joe Biden había prometido en la campaña electoral convertir a Arabia Saudita en un “paria” por el caso Khashoggi.
Tampoco cabe duda de que Francia enfrentará una considerable presión diplomática. París mantiene estrechas relaciones económicas y estratégicas con Arabia Saudita. Ambos países cooperan en materia energética, en inversiones y en expedientes de seguridad del Oriente Medio. Además, los grupos industriales de defensa franceses han sido durante años proveedores importantes del reino.
El equilibrio de Europa entre valores e intereses
El caso revela de nuevo un dilema estructural de las democracias occidentales: el conflicto entre la retórica en favor de los derechos humanos y los intereses geopolíticos. Tras el asesinato de Khashoggi, numerosos gobiernos occidentales reaccionaron al principio con críticas severas. Empresas boicotearon conferencias de inversores en Riad y políticos evitaron deliberadamente el contacto con el príncipe heredero saudí.
Pero ese estado no duró mucho. A más tardar con la crisis energética global tras la agresión rusa a Ucrania, Arabia Saudita volvió a ganar importancia como socio estratégico. A ello se suma el papel central de Riad en conflictos regionales y en proyectos internacionales de inversión y tecnología.
El regreso internacional de Mohammed bin Salman fue, por tanto, sorprendentemente rápido. Jefes de Estado y de gobierno lo recibieron de nuevo oficialmente, delegaciones económicas regresaron y hasta Estados que antes habían sido críticos intensificaron la cooperación. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos acusan a los gobiernos occidentales de anteponer intereses económicos a principios de Estado de derecho.
Precisamente en este contexto la decisión francesa adquiere un peso considerable. Señala, al menos, que partes del Estado de derecho occidental siguen dispuestas a examinar judicialmente la responsabilidad política de regímenes autoritarios —aunque ello resulte diplomáticamente incómodo.
Un precedente de alcance limitado
El efecto práctico del procedimiento podría acabar siendo limitado. Incluso si los investigadores franceses llegaran a resultados incriminatorios, la persecución efectiva del príncipe heredero saudí sería políticamente y jurídicamente extremadamente difícil. Lo más probable es que el proceso tenga sobre todo un carácter simbólico.
Pero los símbolos desempeñan un papel central en el derecho internacional. El caso Pinochet a fines de los años noventa ya demostró que los tribunales nacionales, invocando la jurisdicción universal, pueden al menos temporalmente sacudir estructuras de poder internacionales. Entonces también se consideraba durante mucho tiempo casi impensable que un exjefe de Estado pudiera ser procesado en el extranjero.
En el caso Khashoggi, la investigación francesa podría contribuir sobre todo a mantener viva políticamente la memoria del crimen. Para los regímenes autoritarios, el peligro real suele residir menos en una condena inmediata que en la deslegitimación internacional duradera.
Por eso la decisión de París quizá no marque un avance jurídico, pero sí una delimitación política. Recuerda que, incluso frente al poder geopolítico y los intereses económicos, la cuestión de la responsabilidad individual no puede ser totalmente desplazada. En tiempos en que los Estados autoritarios ganan influencia en todo el mundo, este mensaje tiene gran importancia.