A principios de junio, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura, con amplia mayoría, la ley de ayuda de emergencia agrícola y soberanía alimentaria. La votación marca un importante éxito para el gobierno, que así responde a las masivas protestas agrícolas de los últimos años. Al mismo tiempo, el debate revela un cambio fundamental en la política agrícola francesa: la seguridad de suministro y la competitividad de la agricultura pasan a primer plano, incluso si esto provoca nuevos conflictos con objetivos ambientales y de conservación de la naturaleza.
La ley es el resultado político de un desarrollo que va mucho más allá de las protestas de 2025. Los agricultores franceses enfrentan desde hace años una presión creciente. El aumento de los costes de producción, la competencia internacional, las extensas regulaciones ambientales y las consecuencias del cambio climático han agravado la situación económica de muchas explotaciones. El gobierno intenta ahora contrarrestar esta situación con un paquete de reformas amplio.
El Estado redescubre la soberanía alimentaria
En el centro de la ley está un término que durante mucho tiempo se usó principalmente en debates geopolíticos: la soberanía. Mientras que la crisis energética tras el ataque ruso a Ucrania puso de manifiesto la dependencia de Europa en materias primas, la atención se dirige ahora cada vez más a la seguridad alimentaria.
París persigue el objetivo de fortalecer la producción nacional y mejorar la competitividad de las explotaciones francesas frente a las competidoras internacionales. Se acelerarán los procedimientos administrativos, se simplificarán algunos requisitos y se facilitarán las inversiones. El gobierno argumenta que Francia solo podrá mantener su papel como principal nación agrícola de Europa si los agricultores vuelven a trabajar con mayor rentabilidad económica.
Este argumento no solo cuenta con apoyo en el centro político. También fuerzas conservadoras y el Rassemblement National apoyan un enfoque más fuerte hacia la soberanía alimentaria nacional y la competitividad económica.
El agua como nuevo punto de conflicto
Las regulaciones sobre el suministro de agua fueron especialmente controvertidas. La ley facilita la construcción de embalses para riego agrícola y refuerza las competencias de los prefectos en los procedimientos de autorización.
Para muchos agricultores, esta es una adaptación necesaria a la realidad del cambio climático. Francia experimenta con mayor frecuencia periodos de sequía, descenso de los niveles freáticos y creciente incertidumbre en el suministro de agua. Sin soluciones adicionales de almacenamiento, según el argumento, la agricultura en muchas regiones alcanzará sus límites a largo plazo.
Por el contrario, las organizaciones ecologistas ven con preocupación este desarrollo. Temen que se debiliten los mecanismos de protección ecológica y que se intensifiquen los conflictos por el uso del recurso. El debate sobre las llamadas “Bassines”, grandes embalses artificiales, se ha convertido ya en un conflicto simbólico que va mucho más allá de cuestiones técnicas.
Un cambio político de rumbo
Las discusiones parlamentarias demostraron lo divergentes que son los intereses. Se debatieron más de 1.600 propuestas de enmienda. Temas como la ganadería industrial, el manejo de los lobos, la política del agua y la situación económica de los agricultores provocaron enfrentamientos a veces intensos entre gobierno, oposición y grupos de interés.
El gobierno sufrió varias derrotas. Numerosos artículos fueron modificados o reformulados contra su voluntad. Esto muestra lo sensibles que se han vuelto las cuestiones de política agrícola. Pocos otros ámbitos políticos tocan simultáneamente cuestiones económicas, ecológicas, sociales y de identidad política de manera comparable.
Sin embargo, el verdadero significado de la ley radica en su valor simbólico político. Francia no se desvincula de la protección del medio ambiente, pero desplaza las prioridades. Donde en años recientes los objetivos ecológicos frecuentemente dominaban, ahora la seguridad del suministro, la capacidad productiva y la resiliencia económica cobran mayor protagonismo.
Si este cambio de rumbo tendrá éxito a largo plazo, aún está por verse. Los desafíos del cambio climático, la crisis de la biodiversidad y los mercados globales no desaparecen. Pero la votación en la Asamblea Nacional muestra que el debate político ha cambiado. La cuestión ya no es solo cómo hacer la agricultura más sostenible, sino también cómo lograr que produzca suficientemente bajo condiciones cada vez más difíciles.
Autor: P. Tiko