La frase parece casual, casi popular. «Il ne faut pas emmerder les Français» — no se debe cargar más a los franceses. La pronunció el primer ministro Sébastien Lecornu al presentar nuevas ayudas contra el aumento de los precios de la energía como consecuencia de la escalada en Oriente Medio. Pero precisamente en su demostrativa sencillez, esta frase revela un notable cambio político en Francia.
Porque París comienza a preparar visiblemente a la población no para una crisis pasajera, sino para un estado de excepción permanente.
El gobierno francés ahora habla con una sobriedad sobre los riesgos geopolíticos que hace pocos años habría sido inusual. Lecornu declaró abiertamente que el conflicto en Oriente Medio continuará “de una forma u otra”. Incluso en condiciones favorables, se espera una cierta estabilización de la situación hacia el otoño. Al mismo tiempo, el gobierno advierte sobre escenarios que hasta ahora se discutían más en think tanks de seguridad: ataques a infraestructuras petroleras, interrupciones en las rutas marítimas comerciales, posibles bloqueos del estrecho de Ormuz o de Bab al-Mandab.
Con esto, el tono político en Francia cambia fundamentalmente. El gobierno ya no intenta ocultar la incertidumbre retóricamente. La integra cada vez más en la comunicación estatal.
El nuevo lenguaje de la crisis permanente
El verdadero significado de la frase de Lecornu reside por lo tanto menos en el contenido que en el matiz político.
«No molestar a los franceses» en este contexto no significa solo consideración social. Es el reconocimiento implícito de una vulnerabilidad política: el Estado francés sabe cuán rápido la presión económica puede convertirse en una revuelta abierta.
El recuerdo de las protestas de los chalecos amarillos de 2018 es central. Pocos otros eventos han sacudido tanto a la élite francesa. El movimiento se originó inicialmente por un aumento relativamente moderado del impuesto a los combustibles. Pero en pocas semanas se transformó en una ola nacional de protestas contra la pérdida del poder adquisitivo, la desigualdad social y la conducción tecnocrática de Emmanuel Macron, percibida como arrogante.
Desde entonces, se ha establecido un dogma estratégico en el Elíseo: los precios de la energía ya no son un tema puramente económico. Son una cuestión de estabilidad interna.
Precisamente por eso, Lecornu rechaza una reducción general del impuesto a los combustibles. Tales medidas serían populares a corto plazo, pero a largo plazo fiscalmente incontrolables. En cambio, el gobierno apuesta por compensaciones específicas para grupos especialmente expuestos: viajeros diarios, personal sanitario, agricultores, empresas de taxis o logística.
Esto es políticamente muy revelador. El Estado francés ya no intenta amortiguar completamente las crisis. Más bien intenta limitar su potencial disruptivo social.
Francia descubre la lógica de la economía de crisis
Esto muestra un cambio más profundo en la filosofía estatal francesa.
Durante décadas, el modelo social francés se basó en una promesa implícita: el Estado protege a la población de los rigores de los mercados globales. Ya sea crisis financiera, pandemia o choque de precios de energía — París reaccionaba tradicionalmente con intervenciones masivas, tope de precios, subsidios o endeudamiento estatal.
Durante la crisis energética tras el ataque ruso a Ucrania, esta lógica alcanzó su punto máximo provisional. Francia limitó administrativamente los precios de la electricidad y el gas y absorbió miles de millones de euros en costes a través del presupuesto estatal. La deuda pública siguió aumentando; ahora supera ampliamente el 110 % del producto interior bruto.
Pero los márgenes se reducen. La combinación de altos tipos de interés, crecimiento débil, aumento del gasto en defensa y déficits estructurales obliga cada vez más a París a establecer prioridades. El gobierno ya no puede neutralizar completamente cada crisis.
Por eso surge ahora una nueva forma de política de crisis francesa: alivio selectivo en lugar de protección universal.
Este desarrollo no se limita para nada a Francia. En toda Europa se observa una tendencia similar. Los Estados intentan administrar las cargas permanentes en lugar de compensarlas completamente. Pero en Francia, esta estrategia tiene una especial carga política porque las expectativas sociales hacia el Estado son tradicionalmente más altas que en muchos otros países europeos.
El realismo geopolítico regresa
También es notable la nueva franqueza con la que los representantes gubernamentales franceses abordan los riesgos geopolíticos.
Hace apenas unos años dominaba en Europa la idea de que la interconexión económica mundial actuaba como un estabilizador. La energía se consideraba una cuestión de mercado y no una vulnerabilidad geopolítica. Desde la guerra en Ucrania, esa suposición se desmorona.
Ahora, el conflicto en Oriente Medio agrava nuevamente la incertidumbre. Francia señala así indirectamente a su población: la era de la globalización calculable ha terminado.
Las declaraciones de Lecornu encajan por eso en un patrón estratégico mayor. Europa se está preparando mentalmente para un mundo en el que las cadenas de suministro serán más frágiles, la energía seguirá siendo cara y los shocks geopolíticos serán más frecuentes.
Hay un segundo factor: el rearme en materia de seguridad. Francia planea inversiones masivas en defensa, producción de armamento e infraestructura estratégica. El presidente Macron habla desde hace años de la “autonomía estratégica” de Europa. Esta línea recibe una legitimación adicional con las crisis actuales.
Pero el rearme, la seguridad energética y la resiliencia industrial cuestan dinero. Mucho dinero. El desafío político es por eso hacer que esta transformación sea socialmente aceptable.
La psicología de la adaptación
Aquí es donde la frase de Lecornu despliega su verdadera función.
El gobierno intenta caminar por una delgada línea: debe preparar a la población para tiempos más duros sin crear alarmismo. Debe transmitir seriedad sin generar pánico. Y debe explicar por qué el Estado ya no podrá compensar completamente todas las cargas.
Esto explica el tono notoriamente tecnocrático de la comunicación gubernamental. La crisis no se dramatiza, se gestiona. Se habla de ayudas específicas, de reparto de cargas, de resiliencia y adaptación.
En ello hay un silencioso mensaje pedagógico: los ciudadanos deben aprender a aceptar la incertidumbre como una condición normal.
Es políticamente arriesgado, porque Francia sigue siendo un país con una cultura de protestas intensa y una profunda desconfianza hacia las élites. Cualquier percepción de injusticia social puede convertirse rápidamente en explosiva. Al mismo tiempo, el gobierno parece convencido de que un retorno a la antigua ilusión de estabilidad ya no es posible.
Por eso el mensaje real no es: “El Estado los protege de la crisis”.
Sino: el Estado intenta mantener la sociedad controlable a lo largo de una era de crisis permanentes.
Esta es una diferencia fundamental — y posiblemente el verdadero cambio de época político de este momento.
P.T.