La disputa sobre los PFAS alcanza en Francia una nueva dimensión política y jurídica. El 20 de mayo de 2026, las organizaciones ambientales Générations Futures, Notre Affaire à Tous y Bloom, junto con seis residentes de regiones afectadas, presentaron una demanda ante el tribunal administrativo en París. Su acusación: el Estado francés no ha actuado durante años de manera suficiente contra los peligros de los llamados “químicos eternos” y, con ello, ha violado su deber de protección hacia la población y el medio ambiente.
Los PFAS, la abreviatura de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, comprenden varios miles de sustancias químicas artificiales. Debido a sus propiedades repelentes al agua, a la grasa y a la suciedad, se han utilizado durante décadas en numerosos productos industriales y de consumo, desde ropa para exteriores, pasando por cosméticos hasta envases de alimentos. El problema: muchas de estas sustancias prácticamente no se descomponen en el medio ambiente. Llegan a los suelos, ríos y aguas subterráneas y pueden acumularse en el cuerpo humano.
Los demandantes argumentan que los riesgos de los PFAS han sido conocidos desde hace mucho tiempo. Estudios científicos vinculan ciertos compuestos con niveles elevados de colesterol, trastornos del sistema inmunológico, problemas de fertilidad y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, el Estado reaccionó tarde y de manera vacilante. Por ello, las organizaciones exigen no solo el fin de las emisiones, sino también la asunción integral de los costos sanitarios y de saneamiento por parte de los responsables.
De hecho, el gobierno francés ha impulsado en los últimos años varias medidas. Tras un primer plan de acción en 2023, en 2024 se implementó un programa interministerial para la supervisión y reducción de la contaminación. Finalmente, con la ley de febrero de 2025, se prohibieron ciertos productos que contienen PFAS. Desde principios de 2026, entre otros, numerosos cosméticos, ceras para esquí y ciertos textiles y calzado ya no pueden ser comercializados. Además, el control del agua potable se ha ampliado notablemente.
Sin embargo, estos pasos no son suficientes para los demandantes. Critican numerosas excepciones y periodos de transición, así como la persistente contaminación de muchas regiones. Especialmente en áreas de fuerte carácter industrial, en los últimos años se han detectado repetidamente niveles elevados de PFAS, lo que ha incrementado la preocupación de la población afectada.
El proceso recuerda por su trascendencia política a la famosa demanda climática “Affaire du siècle”, con la que el Estado francés fue condenado por insuficiente política climática. Esta vez también se trata de la cuestión de la responsabilidad estatal ante peligros ambientales conocidos. Si el tribunal determina una “carence fautive” – una omisión estatal culposa – esto podría tener consecuencias de gran alcance para la política ambiental, la industria y las finanzas públicas.
En el fondo está una cuestión fundamental de la política ambiental moderna: ¿quién asume los costos de la contaminación durante décadas cuando los riesgos eran conocidos pero no se tomaron medidas eficaces hasta mucho después? La respuesta del tribunal podría ir más allá del problema de los PFAS y sentar nuevos estándares sobre cómo el Estado debe manejar riesgos ambientales y de salud a largo plazo.