París – 26.06.2026: En una decisión pionera, el Tribunal Administrativo de París ha obligado al gobierno francés a elaborar y aplicar en un plazo de un año un plan de acción nacional para la protección de las ballenas en el Golfo de Vizcaya. Esta medida tiene como objetivo reducir las capturas accidentales de cetáceos pequeños, especialmente de delfines comunes, delfines mulares y marsopas, que están amenazados por las actividades pesqueras.
La demanda fue presentada por las organizaciones ambientales France Nature Environnement, Défense des milieux aquatiques y Sea Shepherd France, que calificaron la decisión como “histórica para la protección de las especies”. Habían demandado al gobierno para obtener una compensación por los daños ecológicos causados por las capturas accidentales en la región.
El tribunal constató que las capturas accidentales entre 2018 y 2025 alcanzaron un nivel que pone en peligro el estado de conservación de las especies afectadas. Se estableció que el número estimado de capturas accidentales para cada una de las tres especies supera los umbrales necesarios para la viabilidad a largo plazo de las poblaciones. Parte de esta mortalidad fue atribuida a la insuficiente aplicación de medidas de protección por parte del Estado.
En consecuencia, se reconoció la responsabilidad del Estado por el daño ecológico causado al comprometer el estado favorable de conservación de estas especies protegidas. Para remediar este daño, se ordenó al Estado desarrollar y aplicar un plan de acción nacional en el plazo de un año. Este plan deberá tener como objetivo mejorar el estado de conservación de los delfines comunes, marsopas y delfines mulares y reducir de manera sostenible las capturas accidentales en el Golfo de Vizcaya. En caso de retrasos, se impondrá una multa de 15.000 euros por mes.
Además, el Estado está obligado a tomar medidas en un plazo de seis meses para reducir las capturas accidentales de estas especies ya durante el invierno 2026-2027. Por cada retraso que supere este período se aplicará una multa de 500 euros por día.
Esta decisión sigue a órdenes judiciales anteriores que obligaron al Estado a cerrar determinadas zonas pesqueras en el Golfo de Vizcaya durante períodos fijados para limitar las capturas accidentales de cetáceos pequeños. Tales medidas se implementaron ya en los inviernos de 2024 y 2025, con el cierre de las actividades pesqueras durante cuatro semanas en enero y febrero.
Las recientes decisiones judiciales subrayan la urgencia con la que se debe avanzar en la protección de los cetáceos pequeños en el Golfo de Vizcaya. La implementación de un plan de acción nacional integral se considera crucial para garantizar la supervivencia a largo plazo de estas especies en la región.