El presidente de EE. UU., Donald Trump, prefiere éxitos militares y diplomáticos que sean rápidos, claros y lo más espectaculares posible. Su retórica política vive de la idea de un liderazgo resuelto y resultados rápidos. Pero en varias crisis internacionales ahora se observa una imagen diferente: los anuncios iniciales de soluciones sencillas han dado paso a una realidad mucho más compleja.
Esto se hace especialmente visible en los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza. También en el trato con Irán cada vez es más evidente que los rápidos avances esperados por Trump podrían no materializarse. Lo que al principio parecía una oportunidad para acabar con conflictos prolongados mediante una acción decidida, se está convirtiendo en una situación en la que Estados Unidos choca con límites políticos y estratégicos a su capacidad de influencia.
Algunos observadores ven en esto las consecuencias de una sobreextensión de las ambiciones estadounidenses. Otros argumentan que detrás de esto hay un malentendido fundamental sobre el alcance del poder americano. Sin duda, Estados Unidos cuenta con las fuerzas armadas más fuertes del mundo y es capaz de atacar objetivos militares en casi cualquier lugar del planeta con gran precisión. Sin embargo, se vuelve más difícil cuando los éxitos militares deben convertirse en resultados políticos estables.
Un colaborador cercano a Trump resumen este dilema recientemente. La destrucción aérea de instalaciones nucleares es una capacidad que Estados Unidos prácticamente ha perfeccionado. Influenciar de forma duradera la evolución política en países como Irán, Rusia o Ucrania es, en cambio, mucho más difícil. El poder militar puede presionar gobiernos o destruir infraestructuras, pero rara vez puede controlar las complejas dinámicas sociales, históricas y políticas de un país.
Precisamente ahí radica uno de los retos centrales de la política exterior estadounidense. Mientras que las operaciones militares suelen mostrar resultados a corto plazo, las soluciones políticas requieren paciencia, negociación y disposición para manejar intereses contradictorios. Estos procesos rara vez son lineales y difícilmente se pueden controlar según un calendario fijo.
Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha participado ya en casi una docena de operaciones militares en todo el mundo. Esto subraya la persistente pretensión de Washington de influir activamente en el desarrollo internacional. Al mismo tiempo, la situación actual muestra que incluso la nación más poderosa del mundo no puede moldear cada crisis según sus deseos.
Para Trump, esto significa la transición de una fase de anuncios rápidos a una fase de estancamiento político. La verdadera prueba comienza donde la fuerza militar por sí sola ya no es suficiente y las soluciones duraderas solo pueden alcanzarse mediante complejos procesos políticos.
China exporta el estado de vigilancia
China ha desarrollado en las últimas décadas un sistema altamente sofisticado de control social. Lo que durante mucho tiempo se consideró un instrumento de política interna ahora se exporta cada vez más al exterior, junto con la ideología que lo sustenta. El modelo de Pekín despierta interés especialmente en estados autoritarios o políticamente frágiles, ya que puede ayudar a los gobiernos a garantizar estabilidad y a aumentar el control político.
Un ejemplo de esto son las Islas Salomón en el Pacífico. Tras conflictos sociales y disturbios violentos, el gobierno firmó en 2022 un acuerdo de seguridad con China. Como parte de esta cooperación, se enviaron policías chinos para apoyar a las fuerzas locales de seguridad. En un pueblo propusieron recopilar las huellas dactilares y de las palmas de todas las personas, además de registrar datos personales extensos. El concepto se basaba en el llamado «modelo Fengqiao», una estrategia de vigilancia y control de la era Mao.
Bajo el liderazgo estatal y partidario de Xi Jinping, este modelo vive un renacimiento. Se fundamenta en la idea de detectar y prevenir los conflictos sociales lo antes posible. Vecinos, funcionarios locales y autoridades de seguridad deben trabajar en estrecha colaboración para identificar problemas potenciales desde el principio. Los críticos ven en ello un sistema de vigilancia mutua que no solo combate la criminalidad, sino que también reprime desviaciones políticas.
En China, la estrategia se complementa con tecnología moderna. Millones de cámaras de vigilancia, muchas equipadas con reconocimiento facial e inteligencia artificial, registran movimientos en el espacio público. Se añaden amplias bases de datos con información biométrica como muestras de ADN, escáneres de iris o patrones de voz. Las minorías, como los uigures en la región occidental china de Xinjiang, son especialmente afectadas por estas medidas.
Pekín presenta este modelo de seguridad como una receta exitosa para el orden público. De hecho, China tiene una tasa comparativamente baja de violencia criminal. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales acusan al país de usar los mismos instrumentos para restringir las libertades y suprimir la oposición política.
La exportación internacional de este enfoque se realiza no solo a través de asesores policiales, sino también mediante formación, tecnología y equipamiento. En los últimos años, China ha organizado cientos de programas de capacitación para fuerzas de seguridad de numerosos países. Además, se han suministrado sistemas de vigilancia, cámaras y tecnologías digitales de control a estados en África, Asia y América Latina.
En las Islas Salomón, el intento de introducir el modelo Fengqiao encontró finalmente resistencia. Políticos y representantes de los pueblos criticaron la recolección de datos como una intromisión en tradiciones locales y libertades personales. Los conflictos allí se resuelven tradicionalmente mediante ancianos y líderes comunitarios, no mediante una vigilancia exhaustiva. Tras críticas públicas, el proyecto piloto fue detenido; no se recolectaron datos biométricos.
El incidente muestra los límites de la diplomacia de seguridad china. Mientras algunos gobiernos ven los métodos de Pekín como medios para estabilizar su poder, en muchas sociedades generan desconfianza. El debate sobre cuánto se puede justificar la seguridad a costa de la vigilancia probablemente ganará importancia mucho más allá de las Islas Salomón.
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